La medida busca restringir la ciudadanía por nacimiento, desatando una ola de demandas y controversias legales.
Multius (multiius.wixsite.com). El presiente Donald Trump emitió una polémica orden ejecutiva que busca restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, una medida que ha generado intensas reacciones y desafíos legales en todo el país. La disposición, denominada “Protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”, busca negar la ciudadanía automática a niños nacidos en territorio estadounidense si ninguno de sus padres es ciudadano o residente permanente legal.
El anuncio desató una ola de demandas encabezadas por una coalición de 18 estados, el Distrito de Columbia y la ciudad de San Francisco. Estas acciones legales argumentan que la orden es inconstitucional, pues contradice la 14ª Enmienda, la cual establece que "todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos".
Organizaciones de derechos civiles, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), también presentaron recursos legales en defensa de quienes podrían verse afectados. Entre ellos se encuentran familias inmigrantes que enfrentan la incertidumbre de que sus hijos no sean reconocidos como ciudadanos pese a haber nacido en suelo estadounidense.
Históricamente, la ciudadanía por derecho de nacimiento ha sido un principio central del sistema jurídico estadounidense, consagrado desde la ratificación de la 14ª Enmienda en 1868. Este derecho, validado por la Corte Suprema en casos como United States v. Wong Kim Ark, ha permitido que generaciones de personas nacidas en el país sean consideradas miembros plenos de la sociedad, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
Los críticos de la orden de Trump argumentan que su implementación crearía una "subclase de personas apátridas", dejando a miles de niños sin acceso a derechos fundamentales como pasaportes, seguridad social y otros beneficios esenciales. Según expertos, la medida podría ser anulada en tribunales al exceder la autoridad presidencial, ya que un cambio tan significativo requeriría una enmienda constitucional.
Por su parte, Trump y sus aliados justifican la medida como un esfuerzo para proteger los recursos nacionales y frenar la inmigración irregular. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos califican esta política como "una afrenta a los valores fundamentales de igualdad y justicia que definen a Estados Unidos".
El debate sobre la orden ejecutiva promete ser prolongado y podría llegar nuevamente a la Corte Suprema. Mientras tanto, miles de familias inmigrantes observan con preocupación el desarrollo de los procesos legales que determinarán el futuro de la ciudadanía por nacimiento en el país.
Para más detalles, puede consultarse el documento completo de la demanda en el siguiente enlace: Court Filing Document.
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