Los recortes presupuestales afectan a más de 50 mil empleados, comprometiendo derechos laborales y operatividad judicial.
Multius (multiius.wixsite.com). La tensión aumenta en el Poder Judicial de la Federación tras los recortes presupuestales aprobados por la Cámara de Diputados, que representan un impacto directo en los salarios, prestaciones y derechos laborales de más de 50 mil trabajadores en juzgados y tribunales de todo el país. Ante esta situación, empleados del sector han comenzado a organizar movilizaciones y amenazan con un paro nacional en defensa de sus condiciones laborales.
El ajuste presupuestal, que asciende a 13 mil 117 millones de pesos en términos globales y a 2 mil 328 millones exclusivamente para salarios y prestaciones, representa una reducción del 4.12% en comparación con el presupuesto del 2024 asignado al Consejo de la Judicatura Federal. Este recorte afecta beneficios clave, como el Fondo de Reserva Individualizado (FORI), el Seguro de Separación Individualizado (SEGSEI) y seguros de gastos médicos mayores, fundamentales para la estabilidad de los empleados.
Irma Elizabeth Monzón, integrante del Comité de los 32 Circuitos Unidos y secretaria de un Tribunal Colegiado, afirmó que estas medidas contradicen las promesas realizadas por la presidenta Claudia Sheinbaum de no afectar los derechos laborales de los trabajadores del PJF. “Pedimos que la presidenta cumpla su compromiso y que respete nuestras prestaciones”, señaló.
El recorte también compromete la continuidad operativa de los juzgados y tribunales, según advirtió el CJF en un comunicado reciente. “Ocho de cada diez pesos solicitados corresponden al capítulo 1000 (sueldos y prestaciones), y esta disminución pone en riesgo tanto la operatividad como los derechos de los trabajadores”, indicó.
Por su parte, Gilberto González, secretario nacional del sindicato de trabajadores del Poder Judicial, aseguró que las reducciones afectan principalmente a los empleados con menores ingresos y jornadas más largas. Ante este panorama, el sindicato evalúa la posibilidad de iniciar un juicio político contra las autoridades responsables, además de manifestaciones frente al Consejo de la Judicatura y otras sedes judiciales.
El malestar de los trabajadores no es nuevo. En 2024, diversas protestas se llevaron a cabo contra la reforma judicial impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluyó la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Dichas movilizaciones culminaron en un paro laboral que se extendió por varias semanas, lo que evidencia el creciente descontento en el sector.
Los empleados del PJF recalcan que sus derechos laborales están contemplados en la Constitución y que las recientes reducciones presupuestales violan dichas garantías. “Nosotros también somos trabajadores como cualquier otro; dependemos de nuestras prestaciones para mantener a nuestras familias y cumplir con nuestros proyectos de vida”, expresó Monzón.
El CJF alertó que estas decisiones no solo afectan a los trabajadores del PJF, sino también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que enfrentan una disminución conjunta de 8 mil 719 millones de pesos, afectando a más de 5 mil empleados.
En respuesta, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito lanzó una convocatoria para votar sobre un paro nacional. La medida sería el último recurso para exigir la reversión de los recortes y el respeto a los derechos laborales de miles de trabajadores.
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