La medida busca proteger la salud y combatir el consumo temprano de nicotina y fentanilo.
Multius (https://multiius.wixsite.com/misitio). El Senado de la República aprobó este 11 de diciembre una reforma constitucional en materia de protección a la salud que prohíbe la producción, distribución y comercialización de vapeadores, cigarrillos electrónicos y el uso ilícito de fentanilo, además de sancionar actividades relacionadas con estas sustancias.
La reforma, que modifica los artículos 4 y 5 de la Constitución, recibió 86 votos a favor, 39 en contra y ninguna abstención en lo particular, mientras que en lo general obtuvo 110 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones. Este cambio busca garantizar el derecho de protección a la salud, estableciendo un marco legal que prohíbe también la producción y distribución de otras sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas.
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó esta iniciativa previamente, destacando la importancia de frenar el daño que causan los vapeadores, especialmente ante la presión de las empresas tabacaleras que se opusieron a esta medida.
"El dato alarmante es la disminución de la edad de inicio en el consumo de nicotina vaporizada, que pasó de 14 a 12 años. Es responsabilidad del Estado intervenir para evitar que esto siga ocurriendo", señaló un senador del PVEM durante el debate.
La propuesta, enviada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en febrero de 2024 como parte de su "Plan C", exige que el Congreso de la Unión armonice el marco jurídico de las leyes relacionadas en un plazo de 180 días. Además, las legislaturas estatales tendrán un año para realizar las adecuaciones legales correspondientes.
Aunque recibió apoyo mayoritario, la reforma generó críticas de legisladores de oposición. El panista Ricardo Anaya cuestionó la inclusión del fentanilo, argumentando que la crisis de esta droga afecta principalmente a Estados Unidos y que el cambio constitucional parece más un mensaje político que una solución local.
Por otro lado, los promotores de la reforma aseguraron que esta medida fortalecerá la protección a la salud y marcará un precedente en la regulación de sustancias peligrosas, impulsando un marco legal más estricto que beneficie a la sociedad mexicana.
La reforma ahora será enviada a las legislaturas estatales para su aprobación, cumpliendo con los requisitos del artículo 135 constitucional, antes de ser promulgada y entrar en vigor.
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