Suprema Corte analizará disputas entre tribunales federales por freno a elecciones judiciales.
Multius (multiius.wixsite.com). La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha asumido el desafío de resolver un conflicto competencial que ha paralizado el proceso electoral judicial en México. La controversia enfrenta a los juzgados de distrito en Michoacán y Jalisco, que ordenaron suspender las elecciones de jueces y magistrados, contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que sostiene que estas decisiones no deben ser acatadas.
El conflicto se originó en noviembre de 2024, cuando el juez Sergio Santamaría Chamú, del Juzgado Primero de Distrito en Michoacán, otorgó una suspensión definitiva para frenar los efectos de la reforma judicial, respaldado por un amparo promovido por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED). A esta resolución se sumó una medida similar de la jueza María Gabriela Ruiz Márquez, del Juzgado Sexto en Jalisco. Sin embargo, el TEPJF emitió una resolución el 18 de noviembre declarando que la suspensión era inviable, ordenando continuar con los procedimientos electorales.
Ante este escenario, el Comité de Evaluación del Poder Judicial quedó en un limbo jurídico, al estar obligado por los jueces de distrito a detener el proceso y, simultáneamente, por el TEPJF a reactivarlo. El Comité informó estar “imposibilitado” para cumplir con las instrucciones del Tribunal Electoral, destacando que existen suspensiones activas que le impiden proceder.
La ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, aceptó la solicitud de facultad de atracción promovida por el Comité y asignó el caso al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. El objetivo es resolver si las suspensiones dictadas en amparos son aplicables al proceso electoral extraordinario del Poder Judicial y definir los límites de las competencias entre los órganos judiciales implicados.
La SCJN también analizará si los actos relacionados con la evaluación y selección de candidatos pueden ser sujetos de suspensión y cómo deben coordinarse las actividades del Comité de Evaluación bajo principios constitucionales.
Mientras tanto, el conflicto ha dejado en pausa el desarrollo de las elecciones judiciales programadas para el 1 de junio de 2025, poniendo en riesgo el cumplimiento de plazos constitucionales. Se espera que la resolución de la SCJN defina no solo la viabilidad del proceso electoral, sino también el alcance de las competencias de los tribunales en la implementación de la reforma judicial.
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