La iniciativa propone que el Infonavit construya viviendas y modifica su gobernanza, generando críticas por el manejo de los recursos y pérdida del equilibrio tripartito.
Multius (https://multiius.wixsite.com/misitio). Aunque la discusión de la reforma a la Ley del Infonavit fue pospuesta por la Cámara de Diputados hasta los primeros meses de 2025, el contenido de esta iniciativa merece especial atención, ya que plantea cambios significativos en la operación y gobernanza del instituto, así como en el manejo de los recursos destinados a la vivienda de los trabajadores.
En ese sentido, se debe mencionar que la iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 12 de noviembre, ya fue aprobada en el Senado con 68 votos a favor y 29 en contra, y tiene como objetivo permitir al Infonavit construir vivienda y ofrecer esquemas de arrendamiento social con opción a compra. No obstante, su aspecto más polémico radica en los cambios propuestos a la estructura directiva del organismo, donde el gobierno federal aumentaría su control en detrimento de los sectores laboral y empresarial.
Cambios propuestos a la ley del Infonavit
La iniciativa de reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, propone modificaciones fundamentales en la operación y gobernanza del organismo.
Uno de los cambios centrales es que el Infonavit podrá actuar como constructor de vivienda a través de una empresa filial controlada mayoritariamente por el instituto. Esta filial no será considerada una entidad paraestatal, y su financiamiento se incluirá en el presupuesto de operación anual, sin que su gasto en construcción y adquisición de terrenos se considere parte de los costos administrativos. Dichas erogaciones deberán generar valor económico y rentabilidad para el Infonavit.
Además, se amplía el mandato del instituto para ofrecer esquemas de arrendamiento social con opción a compra, garantizando que los trabajadores puedan acceder a vivienda digna mediante nuevas modalidades de crédito y renta.
La gobernanza del Infonavit también experimentará ajustes significativos. El director general será nombrado directamente por el presidente de la República y tendrá derecho de veto sobre resoluciones que no sean aprobadas por unanimidad en el Consejo de Administración o en la Comisión de Vigilancia.
La Asamblea General, máximo órgano de gobierno, pasará de 45 a 30 integrantes, con una representación equitativa de 10 miembros por sector: gubernamental, laboral y empresarial. Por su parte, el Consejo de Administración se reducirá de 15 a 12 integrantes, con cuatro representantes de cada sector.
Asimismo, la Comisión de Vigilancia conservará sus nueve miembros, pero ahora cinco serán designados por el gobierno federal, mientras que dos corresponderán al sector laboral y dos al empresarial. El Comité de Auditoría y el Comité de Transparencia también serán modificados, aumentando a cinco integrantes, donde el gobierno tendrá mayoría con tres representantes, dejando uno al sector laboral y otro al empresarial.
En términos de regulación, el Infonavit quedará fuera de la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En su lugar, la Secretaría de Hacienda emitirá reglas prudenciales para el manejo financiero del instituto y tendrá facultades para solicitar información o aclaraciones sobre los estados contables. Además, el Infonavit deberá rendir un informe anual al Congreso sobre sus operaciones y balances financieros.
De aprobarse en la Cámara de Diputados, estos cambios entrarían en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y, los órganos del Infonavit deberán quedar reestructurados dentro de los 30 días naturales posteriores a su entrada en vigor.
Críticas de la oposición y sindicatos
Legisladores de oposición, como el senador del PAN, Ricardo Anaya, y el senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, han criticado duramente la reforma. Anaya calificó la propuesta como un riesgo para el patrimonio de los trabajadores al permitir el uso de los recursos bajo administración del Infonavit. “Se están entregando 2 billones de pesos al control absoluto del gobierno, dejando fuera los contrapesos de los sectores laboral y empresarial”, denunció.
Por su parte, los sindicatos anunciaron que presentarán una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), argumentando que no fueron escuchados durante la elaboración de la reforma. En un desplegado firmado por 23 organizaciones sindicales, expresaron que la pérdida del equilibrio tripartita pone en riesgo los mecanismos de vigilancia y control de las inversiones del instituto.
Defensa de Morena
La bancada de Morena, por su parte, defendió la reforma argumentando que busca transparencia y equilibrio en la toma de decisiones del Infonavit. La diputada Merilyn Gómez Pozos señaló que con estos cambios se evitarán abusos y se garantizará que los recursos del instituto se utilicen para el bienestar de los trabajadores, en particular para construir viviendas dignas y accesibles.
“Durante años, las decisiones fueron tomadas en montoneo por sindicatos y empresarios. Con esta reforma, buscamos transparencia y justicia para los trabajadores”, afirmó la legisladora. Además, negó que la reforma implique un riesgo para los ahorros de los trabajadores en sus subcuentas de vivienda.
Un debate pendiente
Pese a los intentos por acelerar su aprobación, la falta de consenso llevó a posponer la discusión hasta 2025, esto abre la puerta a un análisis más detallado de la propuesta.
Con la instalación de la Comisión Permanente, la actividad legislativa se centrará en otros temas hasta el inicio del próximo periodo ordinario, lo que deja en pausa una de las reformas más controversiales de los últimos años. La discusión promete continuar en el siguiente año, con la presión de los sectores laboral y patronal que insisten en mantener el modelo tripartito original del Infonavit.
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