La falta de recursos podría afectar a migrantes deportados y a sectores vulnerables del padrón electoral.
Multius (multiius.wixsite.com). El recorte presupuestal al Instituto Nacional Electoral (INE) para 2025, aprobado por el Poder Legislativo, representa un grave riesgo para la operación de módulos estratégicos de atención a migrantes deportados y para la correcta ejecución de procesos fundamentales del próximo periodo electoral. Así lo advirtió David Alejandro Delgado Arroyo, presidente del INE en Michoacán, quien señaló que esta reducción amenaza la actualización del padrón electoral y la credencialización anticipada en estados con alta migración, como Michoacán.
De los más de mil 500 millones de pesos solicitados por el INE para cumplir con sus responsabilidades, el gobierno federal únicamente ha garantizado 800 millones. Esto ha generado incertidumbre en cuanto a la capacidad de los módulos para atender la posible ola de deportaciones desde Estados Unidos, así como en la logística de trámites esenciales. Delgado Arroyo explicó que, si no se aprueba la ampliación presupuestal, cerca de 60 módulos de confluencia migratoria podrían dejar de operar, lo que afectaría directamente a mexicanos repatriados que necesitan actualizar su credencial antes del 10 de febrero.
Además, otros plazos cruciales, como la reposición y reimpresión de credenciales por robo o extravío, también enfrentan dificultades. El funcionario advirtió que los estados receptores de migrantes podrían experimentar una saturación de solicitudes, agravando la problemática.
En paralelo, Delgado Arroyo destacó que esta insuficiencia presupuestaria impacta también la contratación de personal clave para el desarrollo electoral. Más de 12 mil 800 capacitadores y supervisores electorales, responsables de integrar más de 42 mil casillas en 16 entidades, dependen de estos recursos. Sin ellos, el proceso electoral de junio próximo podría enfrentarse a importantes limitaciones operativas.
El registro electoral, como primer eslabón de unas elecciones libres, ha alcanzado un alto reconocimiento en México, pero enfrenta nuevos retos. Los recortes no solo afectan el derecho al voto de miles de ciudadanos, sino también la posibilidad de atender a sectores vulnerables, como personas con discapacidad que requieren voto anticipado.
Ante este panorama, Delgado Arroyo reiteró la necesidad de reforzar la infraestructura electoral para garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al sufragio de manera justa y sin contratiempos. Sin una solución pronta al déficit presupuestal, el país podría enfrentar uno de los mayores retos logísticos y democráticos en los últimos años.
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