Acusan violación de derechos políticos tras aval del TEPJF al INE.
Multius (multiius.wixsite.com). La reciente decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de avalar la cancelación del voto en el extranjero en la próxima elección judicial ha desatado una ola de críticas por parte de magistrados y defensores de derechos políticos. Durante la conferencia matutina judicial, los magistrados Juan José Olvera López y Ana María del Carmen García González señalaron que la medida vulnera los derechos de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero.
“Esta decisión es una interpretación indebida de la reforma judicial y constituye una violación directa a los derechos político-electorales de miles de personas”, denunció Olvera López. Además, advirtió que los magistrados electorales están transgrediendo el artículo décimo primero transitorio de la reforma judicial, que prohíbe realizar interpretaciones en este contexto.
Por su parte, García González criticó que el acuerdo deja fuera de la votación a quienes, desde el extranjero, buscan participar en la construcción de un nuevo Poder Judicial. “Se restringe la voluntad popular y se margina a un sector que merece ser escuchado”, afirmó.
El TEPJF respaldó la decisión del Instituto Nacional Electoral, quien argumentó que no existen condiciones para garantizar el voto desde el extranjero debido a limitaciones presupuestarias y operativas. La magistrada presidenta, Mónica Soto, explicó que la elección judicial no contempla un mecanismo adecuado para incorporar a los votantes en el extranjero, dado que estos no pueden ser integrados en circunscripciones o distritos nacionales.
En contraste, el magistrado Reyes Rodríguez fue el único en votar en contra, subrayando que los derechos constitucionales no deben ser “meramente enunciativos”. “El INE tiene la obligación de garantizar que los ciudadanos en el extranjero puedan ejercer su derecho al voto”, insistió.
La presidenta Claudia Sheinbaum, al ser cuestionada sobre el tema, evitó profundizar, pero instó al INE a buscar alternativas que permitan cumplir con este derecho fundamental.
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