Multiius (https://multiius.wixsite.com/misitio). La Cámara de Diputados aprobó, con mayoría calificada de 469 votos a favor, cero en contra y una abstención, una reforma al artículo 123 de la Constitución Política, que eleva a rango constitucional el derecho a una vivienda adecuada para las personas trabajadoras. El dictamen, que también convierte al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en constructor y arrendador de viviendas, fue remitido al Senado de la República para su análisis y aprobación.
La reforma establece que todas las empresas agrícolas, industriales, mineras y de cualquier otra índole estarán obligadas a proporcionar a sus personas trabajadoras una vivienda adecuada. Esta obligación será cumplida mediante aportaciones al Fondo Nacional de Vivienda, el cual se encargará de gestionar los recursos para la adquisición o mejora de viviendas. Asimismo, el Fondo podrá adquirir terrenos y construir viviendas, según lo determine la ley.
Además, el dictamen considera la creación de un organismo, integrado por representantes del Gobierno Federal, las personas trabajadoras y las empleadoras, que administrará los recursos del Fondo Nacional de Vivienda, estableciendo mecanismos claros para acceder a créditos y viviendas en arrendamiento social. La mensualidad de este arrendamiento no podrá exceder del 30% del salario de las personas trabajadoras.
En la discusión del dictamen, se aceptaron diversas reservas. Entre ellas, la presentada por el diputado Carlos Alberto Ulloa Pérez (Morena), quien precisó que el Fondo deberá establecer un sistema de vivienda con orientación social para otorgar créditos accesibles a las personas trabajadoras. También se aceptó la propuesta del diputado Alejandro Carvajal Hidalgo (Morena), que elimina el plazo de un año de cotización ante el Fondo para acceder a viviendas en arrendamiento social.
Carvajal subrayó la necesidad de modificar el paradigma de la vivienda, considerando las nuevas modalidades de teletrabajo y las opciones de ahorro de los jóvenes. Por otro lado, el diputado Julen Rementería Del Puerto (PAN) criticó que se elimine el requisito de un año de cotización, calificando la medida de “indigna” al cancelar la posibilidad de arrendamiento para jóvenes que cumplen con ese tiempo de aportación.
El Congreso de la Unión tendrá un plazo de 180 días para hacer las adecuaciones necesarias a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y para implementar un programa de eficiencia operativa que permita la reducción de costos dentro del Instituto.
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