Multiius (https://multiius.wixsite.com/misitio). La diputada independiente Alejandra López Noriega presentó ante el Congreso de Sonora una polémica iniciativa que busca implementar la castración química como parte de las sanciones para aquellos que sean encontrados culpables de los delitos de violación y violación equiparada. La propuesta tiene como objetivo inhibir el deseo y la capacidad sexual de los condenados durante el tiempo que permanezcan en prisión y después de cumplir su condena.
Durante la sesión ordinaria del 15 de octubre, López Noriega argumentó que su propuesta responde a la alarmante situación de violencia sexual en el país, donde una de cada dos mujeres ha sufrido este tipo de violencia, según datos del Inegi. Señaló que esta medida busca priorizar los derechos y la protección de las víctimas, principalmente mujeres, niños y adolescentes, quienes sufren consecuencias de por vida por estos delitos.
La castración química, explicó la legisladora, se aplicaría de forma temporal y no permanente, mediante procedimientos médicos, para inhibir las conductas sexuales de los agresores. Este método ya ha sido implementado en países como Rusia, Polonia, Corea del Sur y Estados Unidos, donde estados como Alabama, Florida y Georgia lideran su aplicación.
"Esta medida no viola los derechos humanos", aseguró López Noriega, subrayando que la castración sería temporal y no quirúrgica. Además, destacó que su propuesta también endurece las penas para los delitos de violación, abuso sexual y violación equiparada. Las penas propuestas incluyen de 10 a 50 años de prisión y multas de hasta 325 mil 710 pesos, dependiendo de la gravedad del delito y la violencia utilizada.
La diputada también señaló la importancia de eliminar cualquier tipo de prescripción para los delitos sexuales, protegiendo así a las víctimas menores de 18 años ante cualquier circunstancia de abuso o violación.
"Es hora de defender verdaderamente a las víctimas", concluyó López Noriega, asegurando que esta reforma garantizaría que los agresores no reincidan y que las víctimas no sean revictimizadas por el sistema judicial.
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