Preocupación por el aumento de poder del gobierno sobre los recursos y la gobernanza del Infonavit tras la nueva reforma.
Multiius (https://multiius.wixsite.com/misitio/). La reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), aprobada de manera acelerada por el Senado de la República, ha generado una ola de críticas provenientes del sector empresarial y de la oposición. Las modificaciones incluyen la creación de una empresa filial para la construcción y arrendamiento de vivienda, lo que ha despertado preocupaciones sobre el posible uso discrecional del Fondo de Ahorro de los trabajadores, que asciende a más de 2 billones de pesos.
Juan Pablo Castañón, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, manifestó su descontento a través de redes sociales, acusando al gobierno federal de intentar controlar esos recursos bajo el pretexto de administrarlos de manera más eficiente. “Los empresarios aportamos cabalmente el 5% de los salarios de nuestros trabajadores para este fondo, y no podemos quedarnos callados ante el intento de control discrecional del Infonavit”, declaró.
La reforma permite que el Infonavit cree una empresa filial que operará bajo el marco del derecho privado, enfocada en actividades como la construcción de viviendas, su arrendamiento y la administración inmobiliaria. Este nuevo esquema busca ampliar las capacidades del Instituto, permitiendo mayor flexibilidad para desarrollar proyectos inmobiliarios y atender a los trabajadores que actualmente no acceden a un crédito hipotecario tradicional. Además, esta filial podrá realizar compras consolidadas de insumos como cemento y acero para reducir costos de producción y fomentar la construcción de vivienda asequible. Sin embargo, los críticos señalan que no se han definido con claridad los controles internos ni los mecanismos de supervisión que aseguren la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de estos recursos.
La senadora Mely Romero, del PRI, argumentó que las disposiciones podrían abrir la puerta al uso de los fondos en proyectos inmobiliarios de alto riesgo, exponiendo los ahorros de los trabajadores a posibles pérdidas. “No se trata de oponernos a la construcción de viviendas, sino de garantizar que estos recursos no se desvien hacia fines distintos a los originalmente establecidos”, afirmó.
Por su parte, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, defendió la reforma durante su conferencia matutina. Aseguró que los ahorros de los trabajadores están garantizados y que los cambios fortalecerán al Infonavit. “La estructura tripartita se mantiene, y la creación de la empresa constructora busca reducir costos de materiales y facilitar el acceso a vivienda digna para los trabajadores”, declaró.
A pesar de estas declaraciones, miembros de la oposición como Ricardo Anaya reconocieron la importancia de fomentar la construcción de vivienda, pero rechazaron lo que consideran un intento del gobierno por concentrar más poder en la administración del fondo. En este sentido, 23 organizaciones sindicales han advertido que la representatividad del sector laboral podría verse disminuida en las decisiones clave del Infonavit.
El debate sobre la gobernanza del Instituto y el destino de sus recursos se intensificará esta semana, cuando Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, comparezca en la conferencia presidencial para detallar los cambios y responder a las críticas. Esta reforma, considerada como una de las más significativas en la historia del organismo, podría tener implicaciones trascendentales para trabajadores, empresarios y el gobierno federal.
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