Decisiones contradictorias entre juez y TEPJF complican proceso de selección de jueces.
Multius (multiius.wixsite.com). El proceso de selección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación (PJF) se encuentra en el centro de una intensa disputa legal, tras las resoluciones contradictorias emitidas por el Juzgado Primero de Distrito en Michoacán y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La controversia inició el 20 de diciembre de 2024, cuando el juez Sergio Santamaría ordenó suspender el proceso de evaluación de aspirantes al considerar que se vulneraban los derechos de algunos participantes. Sin embargo, el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo y Legislativo decidió ignorar dicha orden y continuó con las entrevistas a candidatos desde el 10 de enero de 2025.
El 8 de enero, el TEPJF dictó una resolución contraria, instruyendo al Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (CEPJF) a reactivar el proceso, argumentando que detenerlo violaría los derechos políticos de los aspirantes que ya habían cumplido con los requisitos.
Esta contradicción derivó en una serie de sanciones por parte del juez Santamaría. El 20 de enero, impuso multas individuales de 113,114 pesos a los 10 integrantes de los comités evaluadores del Poder Ejecutivo y Legislativo. A pesar de ello, los comités continuaron con las evaluaciones, lo que llevó al juez a aumentar las sanciones el 22 de enero, estableciendo una multa de 1,075,700 pesos por persona.
Por su parte, el CEPJF respondió rechazando la orden del TEPJF y presentó un recurso de resolución de controversias entre órganos del Poder Judicial ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El recurso se fundamenta en el Artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que regula los conflictos de competencia entre órganos de dicho poder; tal recurso busca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine cuál de las dos órdenes contradictorias emitidas debe prevalecer: la del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que exige reactivar de inmediato el proceso de selección judicial, o las de los juzgados de distrito de Michoacán y Jalisco, que ordenaron la suspensión del proceso.
Fuentes cercanas al caso señalan que el recurso plantea que la Corte debe aclarar los límites de las competencias de cada órgano involucrado. La controversia se agrava debido a la naturaleza misma del proceso electoral extraordinario de 2025, que tiene implicaciones tanto políticas como judiciales. La ministra presidenta Norma Piña será quien determine si la controversia es admitida para su análisis, marcando un punto crucial en este conflicto entre tribunales.
La disputa refleja un conflicto entre dos áreas clave del sistema judicial mexicano: el ámbito electoral y el judicial. Por un lado, el TEPJF defiende los derechos políticos de los aspirantes; por otro, el juez Santamaría señala que continuar el proceso podría derivar en graves violaciones al estado de Derecho y un posible daño económico si la elección es declarada inválida posteriormente.
Mientras tanto, el proceso de selección sigue suspendido en un limbo legal, dejando en vilo a los aspirantes que buscan ocupar los más altos cargos en la impartición de justicia en México. La resolución de la SCJN será determinante para resolver este conflicto de competencias y marcará un precedente para futuros procesos de elección judicial.
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