Ambos órganos rechazan la validez del amparo en materia electoral.
Multius (multiius.wixsite.com). Los Comités de Evaluación del Poder Ejecutivo y Legislativo han confirmado que continuarán con el proceso extraordinario de selección de jueces, magistrados y ministros, pese a la suspensión provisional emitida por un juez federal. Tanto el exministro Arturo Zaldívar, en su calidad de coordinador del Comité del Ejecutivo, como Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, argumentaron que el amparo no procede en materia electoral.
La suspensión provisional, dictada por un juez de Michoacán, ordenaba frenar los procedimientos relacionados con la reforma judicial en curso. Sin embargo, los comités sostienen que dicha resolución es “improcedente” y que viola los derechos políticos-electorales de los aspirantes que ya han sido registrados.
Arturo Zaldívar destacó que la decisión de continuar fue tomada por unanimidad en el Comité del Ejecutivo, citando como fundamento las resoluciones previas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). "Seguimos avanzando en la revisión de los perfiles para la etapa de entrevistas, que comenzará el próximo 10 de enero", informó.
Por su parte, Ricardo Monreal afirmó que el Congreso no acatará el amparo, ya que este invade competencias constitucionales del Poder Legislativo. Señaló además que el artículo 99 de la Constitución establece que el Tribunal Electoral es la máxima autoridad en la materia, y que las suspensiones en procedimientos electorales no son viables bajo el marco legal actual.
Ambos comités subrayaron que los procesos electorales son de orden público e interés social, según el artículo 41 constitucional y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. También recalcaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido criterios que limitan la intervención de jueces en cuestiones electorales.
Finalmente, los comités advirtieron que el desarrollo de los procedimientos continuará sin interrupciones, mientras las autoridades correspondientes evalúan las implicaciones legales de las resoluciones judiciales recientes.
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