La aseguradora francesa argumenta violaciones al Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones México-Francia.
Multius (https://multiius.wixsite.com/misitio). La aseguradora francesa AXA presentó un arbitraje comercial ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial en contra del Gobierno de México. La disputa surge por un criterio emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante el sexenio anterior, que impide a las aseguradoras deducir el 16 % de IVA en pagos relacionados con siniestros y compra de seguros.
El conflicto, registrado el pasado 5 de diciembre de 2024, se basa en una presunta violación al Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones México-Francia, vigente desde 1998. Este sería el primer arbitraje de esta naturaleza contra el Estado mexicano en la presente administración, tras un total de 26 controversias internacionales acumuladas durante el gobierno anterior.
La medida del SAT representó un cambio inesperado en la interpretación de las normas fiscales que regían desde la implementación del IVA en 1978, afectando directamente al sector asegurador. Según estimaciones, la implementación retroactiva de este criterio podría significar un pago acumulado de hasta 175 mil millones de pesos para el sector asegurador y, en el caso de AXA, un monto cercano a los 200 mil millones de pesos.
Por su parte, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reporta que, hasta junio de 2024, AXA concentró el 20 % de las quejas del sector asegurador en México, principalmente por la negativa de pago de indemnizaciones.
El arbitraje se encuentra en una fase inicial con la designación de un panel de tres árbitros que determinarán el desenlace de la disputa. Mientras tanto, ni AXA ni las autoridades mexicanas han emitido comentarios adicionales sobre el proceso.
La controversia también revive posturas anteriores. En agosto de 2024, el expresidente Andrés Manuel López Obrador sugirió buscar acuerdos que garantizaran el cumplimiento fiscal sin poner en riesgo la estabilidad financiera de las aseguradoras ni perjudicar a los asegurados.
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