El gobierno de Milei argumenta igualdad ante la ley, mientras expertos alertan sobre impacto en la violencia de género.
Multius (multiius.wixsite.com). El gobierno de Argentina, encabezado por el presidente Javier Milei, ha anunciado su intención de eliminar la figura del feminicidio del Código Penal, argumentando que su existencia representa una desigualdad ante la ley. La medida ha generado un fuerte debate en el país, con posturas encontradas tanto en el ámbito político como en el jurídico y social.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, fue el encargado de hacer el anuncio a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), señalando que “ninguna vida vale más que otra” y que la administración de Milei busca garantizar una igualdad real entre todos los ciudadanos. En la misma línea, el portavoz presidencial Manuel Adorni afirmó en conferencia de prensa que “si me matan y también te matan a vos, me gustaría que el trato sea igual”, reiterando que la eliminación de esta figura no implica un retroceso en la protección de las mujeres, sino una equiparación en la aplicación de la ley.
La iniciativa surge en el marco de un discurso más amplio del presidente Milei contra el feminismo y la ideología de género, expresado recientemente en el Foro Económico Mundial de Davos. En dicho evento, el mandatario criticó la figura del feminicidio por considerar que impone una jerarquización del valor de las vidas en función del género. Además, su gobierno ha eliminado el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, justificando la medida con el argumento de que no ha tenido un impacto significativo en la reducción de la violencia de género y que suponía un gasto innecesario.
Sin embargo, diversos colectivos feministas y organismos de derechos humanos han rechazado esta decisión, argumentando que la violencia contra las mujeres es un problema estructural que requiere un tratamiento diferenciado. Según datos del Observatorio de Violencias Mercedes Pagnutti, en 2024 se registraron 294 feminicidios en Argentina, un incremento respecto a los 250 casos de 2023. En la misma línea, Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) reportó 255 feminicidios y 604 intentos de asesinato en 2024, señalando que las cifras no han disminuido tras la eliminación del Ministerio de la Mujer.
Juristas y especialistas en derechos humanos han argumentado que la figura del feminicidio no implica que la vida de una mujer valga más que la de un hombre, sino que responde a un contexto de violencia de género sistemática. Desde 2012, el feminicidio es una calificante del homicidio en Argentina, lo que implica penas más severas cuando el crimen se comete por razones de género. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que esta figura permite una comprensión más profunda del fenómeno y sus causas.
A nivel internacional, la Convención de Belém do Pará y la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) recomiendan la adopción de legislaciones que penalicen la violencia de género y establezcan mecanismos de protección para las mujeres. En América Latina, la mayoría de los países han incorporado el feminicidio en sus marcos legales, reconociendo que los asesinatos de mujeres en contextos de violencia de género requieren un tratamiento específico.
Desde la oposición política, diferentes sectores han manifestado su rechazo a la iniciativa de Milei. Legisladores de diversas bancadas han advertido que eliminar el feminicidio del Código Penal podría representar un retroceso en la lucha contra la violencia de género y en el acceso a la justicia para las víctimas. No obstante, sectores afines al gobierno sostienen que esta reforma se enmarca en un intento de despolitizar la justicia y garantizar la igualdad ante la ley.
El debate sobre la eliminación de la figura del feminicidio continuará en el Congreso, donde la iniciativa del gobierno debe ser aprobada para entrar en vigor. Mientras tanto, el país sigue dividido entre quienes ven esta medida como un avance hacia una justicia sin distinciones de género y quienes la consideran un retroceso en la protección de los derechos de las mujeres.
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